Entendida como el control y la participación e la sociedad, a través de formas directas y representativas, en el planteamiento y gobierno de las ciudades priorizando el fortalecimiento y autonomía de las Administraciones Públicas locales y de las organizaciones populares. Incluye el derecho a la elección libere y democrática de los representantes locales, la realización de plebiscitos e iniciativas legislativas populares y el acceso equitativo a so debates y audiencias públicas. Incluye también, el derecho a la participación equitativa y deliberativa en la definición de las políticas y presupuesto municipal, y en canales institucionales, tales como los consejos y comisiones sectoriales y territoriales. Supone la adopción de los principios de transparencia y de eficacia en la administración pública[i].